La previsión de consecuencias en la justicia constitucional
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Uno de los principios de la jurisprudencia constitucional es el de “previsión de consecuencias”, que constituye una singularidad frente a las decisiones de la justicia ordinaria. Esta particularidad se entiende a partir de la doble naturaleza, jurídica y política, de las controversias que conoce la justicia constitucional. Y lo hace cuando asume el papel de legislador positivo, esto es, que a través de sus resoluciones no solo establece la incompatibilidad constitucional de actos legislativos o ejecutivos, y por lo tanto, su expulsión del sistema, sino también dota a sus decisiones de una interpretación conforme a la Constitución o establece reglas concretas, subsistiendo la norma legal cuestionada. Este último punto genera posiciones encontradas respecto a la legitimidad que tendrían los magistrados constitucionales para actuar como legisladores cuando no representan directamente la voluntad popular.

La característica en mención vuelve a tener relevancia debido a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) en el proceso competencial que se diera entre el Congreso y el Ejecutivo debido a la decisión de este último de disolver el Parlamento por la denegación del voto de confianza. En el séptimo considerando de su sentencia recaída en el Exp. N° 0006-2019-PCC/TC – referido a los efectos de la decisión-, el TC nos recuerda nuevamente este principio de “previsibilidad de consecuencias” cuando da cuenta que el juez constitucional debe ser consciente de los efectos de sus pronunciamientos en la sociedad y en el ordenamiento jurídico. Desde ese punto, el TC entiende que no podía dejarse sin efecto el proceso electoral llevado a cabo para la elección de los nuevos integrantes del Parlamento debido a la necesidad de cumplir una “función pacificadora” y evitar mayores conflictos políticos y jurídicos sobre el proceso electoral, en el que efectivamente todas las fuerzas políticas y otras recién establecidas han participado.

Sin embargo, la previsión de consecuencias también debía considerar el futuro de nuestro Estado Constitucional en relación con el poder para usar ciertas herramientas constitucionales con fines legítimos, pero también con fines perversos. Al respecto, la sentencia en comentario establece criterios para el uso de la cuestión de confianza que corresponderá observar en el futuro, criterios que no se observaron en la ocasión anterior, como los siguientes: 1) No denegación tácita de la cuestión de confianza; 2) No procede plantear cuestión de confianza sobre materias que son competencia del Congreso (aprobar leyes o cumplir su rol fiscalizador o elegir a integrantes o encargados de órganos constitucionales autónomos o hacer cuestión de confianza sobre medidas que el Ejecutivo no requiere para su cuestión); y 3) Un Consejo de Ministros no puede cambiar al agenda del Pleno del Congreso.

La impresión general es que no se podía hacer nada más sobre el proceso de elección congresal, pero de hecho y fácticamente se vulneró la Constitución y, por ello, los tribunos explicitaron los límites de la cuestión de confianza para el futuro. Esta función de “resguardo y vigilia del Estado Constitucional” se ha manifestado entrelíneas y creemos que debió manifestarse fuerte y claro para que los excesos no se vuelvan a cometer. Justamente, se debió hacer una previsión de consecuencias para fortalecer nuestro Estado Constitucional.