Los derechos suspendidos en un estado de emergencia sanitaria
A+

Nuestra Constitución permite que en situaciones extraordinarias puedan restringirse de forma temporal los derechos fundamentales que tienen relación directa con la situación que origina dicho estado. Entre esos derechos fundamentales tenemos a la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, su restricción no significa de ninguna manera la comisión de excesos por parte de las autoridades. En ese sentido, aunque existe una concentración temporal del poder en el Ejecutivo que debe adoptar medidas para superar la situación de emergencia, ello no implica libertad para cometer arbitrariedades o excesos. Las medidas que se puedan adoptar no solo deben estar relacionadas con los derechos expresamente afectados por la norma que declara el estado de emergencia, sino también deben guardar relación con la finalidad que les dio origen. La fuerza pública debe estar dotada de cierta razonabilidad para evaluar los casos concretos.

Sobre los estados de emergencia existen parámetros estrictos que se deben cumplir. Estos parámetros fueran desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 8/87, mediante la cual que quedó claro que dicha medida debe encontrarse debidamente sustentada con la precisión del tiempo y espacio que afectará. Por lo que respecta al Perú, de acuerdo al Decreto Supremo No. 044-2020-PCM expedido el 15 de marzo de 2020, el tiempo que durará el estado de emergencia en todo el territorio nacional fue fijado en 15 días calendarios. El suceso que dio lugar a la emisión de este decreto que declaró el estado de emergencia fue el brote del virus denominado Covid-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia. En consecuencia, derechos como los de libertad personal, tránsito, reunión, actividades laborales y comerciales que perturben el aislamiento social para evitar el contagio, así como la inviolabilidad del domicilio, fueron restringidos en nuestro país. La restricción de estos derechos permitirá la intervención policial o militar cuando los ciudadanos transiten de forma injustificada por la ciudad o realicen actividades que han sido declaradas prohibidas, así como la posible intervención a personas o en inmuebles en los que se detecten portadores o pacientes que requieren la atención médica.

El carácter excepcional de la declaración de emergencia mediante el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM no solo se sustenta en la especial dificultad que presenta esta situación sanitaria y el peligro para la salud y vida de los ciudadanos, sino también en la temporalidad que debe implicar lo necesario para superar la situación, además de la consideración de que los mecanismos de protección de los derechos fundamentales no queden suspendidos. Entre esos mecanismos de protección, el principal es aquel que se refiere a los derechos afectados, esto es, el hábeas corpus excepcional, que permitirá la protección inmediata a los ciudadanos frente a excesos o abusos de la autoridad, para lo cual, si bien el Poder Judicial ha suspendido sus labores, quedan en ejercicio de sus funciones los jueces penales de turno en todo el país. Así, hasta en los momentos más difíciles que atraviese el país, es irrestricto el respeto y la protección a los derechos fundamentales.