Sobre la denominada “censura judicial”

Nuestra Constitución, en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos, consagra la libertad de expresión sin la exigencia de autorización o censura previa. Los derechos fundamentales solo pueden ser restringidos mediante Ley, y en la propia Convención solo se permite la censura excepcional respecto a espectáculos públicos que puedan dañar a los infantes o adolescentes.

Las normas citadas únicamente reconocen responsabilidades ulteriores por excesos cometidos en ejercicio de la libertad de expresión.

Este marco constitucional y convencional es el que tendremos presente al analizar la medida de censura judicial, esto es, la restricción impuesta dentro de un mandato judicial para que el investigado o procesado no pueda informar sobre su situación jurídica o desarrollo de la investigación en su contra en medios de comunicación masiva. El propósito es preservar el denominado “secreto sumarial” o “reserva de la investigación”, con el fin de no obstaculizar la tarea del Ministerio Público en sus indagaciones y, sobre todo, evitar el prejuzgamiento social.

Dicha restricción dentro de la medida cautelar de comparecencia es legítima, en la medida que sea debidamente sustentada, tomando en consideración la necesidad de adoptarla y que la misma obedezca a un juicio de ponderación que debe realizarse dentro del contexto de cada caso en concreto. Cabe recordar que la libertad de expresión no solo es valiosa desde un enfoque individual sino que es un rasgo fundamental para demostrar que nos encontramos en un Estado Democrático.

Por ello, es lamentable un contexto como el actual en el que la información “reservada” sobre investigaciones fiscales se difunde abiertamente en medios de comunicación y en redes sociales. Incluso, los responsables de cuidar la reserva de dicha información, la difunden, la comentan y concluyen públicamente. La pregunta cae sola: ¿Cómo se podría restringir a un imputado de no hacer lo propio, si la autoridad que se encarga de velar y mantener esta reserva, ha quebrado dicho principio? Diera la impresión que esta mala práctica se va convirtiendo en una práctica “institucionalizada”, puesto que los funcionarios que han afectado este principio no han sido siquiera amonestados. Lo paradójico es que cuando se trata del imputado, se pretende que se le sancione con medidas intensas. Dentro de un Sistema Penal Acusatorio, ¿no debiera funcionar la censura judicial para ambas partes?

El secreto sumarial y los derechos fundamentales afectados por la difusión de información reservada en investigaciones penales es agravada si la arbitrariedad proviene de quienes constitucionalmente tienen el resguardo de la legalidad y la protección de la sociedad.

El deber de objetividad del fiscal se traduce en actuar profesionalmente, ello implica en respetar los márgenes de la cuota de poder que la Constitución le otorga. Y, si bien es cierto, el Ministerio Público puede considerar necesaria una medida de restricción del discurso del investigado y requerir la censura judicial, ello se debe justificar con beneficios concretos para la investigación. Esto lo ha sostenido el Tribunal Constitucional peruano en su doctrina jurisprudencial (STC. N° 02262-2004-HC/TC). Un paso adelante sería autorizar la censura judicial al fiscal vía la acción de tutela de los derechos fundamentales del investigado.