Sólo calmantes, nunca remedios

Desde hace varios años se consideró la posibilidad de incluir en los diversos tipos penales de nuestro ordenamiento jurídico la agravante en razón de la calidad de las víctimas. Y entre ellas, a los funcionarios o servidores públicos que en el ejercicio de sus labores o que por razón de su cargo son agredidos por los administrados, quienes ocasionalmente son renuentes a cumplir con el mandato de la autoridad. Esta consideración trajo como consecuencia que en el delito de homicidio y lesiones se incorpore la agravante que reside en que la víctima sea un efectivo policial o pertenezca a las fuerzas armadas, autoridades de elección popular, jueces o fiscales e integrantes del Tribunal Constitucional, así como también personal de servicio civil (en este último caso, podríamos entender que se trate de miembros de serenazgo o del cuerpo de bomberos).

En los últimos meses se ha observado en diversos escenarios de nuestro país intervenciones policiales por casos de conducción en estado de ebriedad o la resistencia a medidas judiciales en desalojos o cumplimiento de medidas de protección, así como también en razón de las actividades que desarrollan los funcionarios o servidores de transporte, tránsito terrestre u otros servicios complementarios. Esta última situación ha llevado al Ejecutivo a modificar el artículo 121° del Código Penal, que tipifica el delito de lesiones graves, para incorporar a los servidores de transporte que en el cumplimiento de su labor son agredidos físicamente.

Esta reforma mediante el Decreto de Urgencia N° 019-2020 parece circunscribir esta situación sólo a los casos de violencia física que generen lesiones graves, esto es, afectaciones que impliquen más de veinte días de atención facultativa o incapacidad para el trabajo, o supongan mutilaciones, desfiguraciones, pérdida de facultades o afectaciones que generen a la víctima una grave situación de riesgo para su vida. Llama la atención, sin embargo, que no se haya contemplado antes esta agravante para aquellos casos en los que el administrado, mediante la violencia, provoca lesiones leves o incluso la pérdida de la vida. No entendemos la razón por la cual se incorporó esta agravante solo en los casos de lesiones graves y no en otros casos, como, por ejemplo, en los delitos de homicidio calificado y lesiones leves.

Cada vez que algún caso de violencia contra la autoridad haya generado consecuencias para su vida o integridad se ha contemplado la modificación de la fórmula penal de homicidio o de lesiones para integrar a la lista la condición funcional de la víctima, sin ir más allá respecto a las causas que motivan que los administrados tengan este tipo de respuesta frente la autoridad, que lejos de servir para justificar debe servir para poder conocer mejor el problema de “crisis de autoridad”, que es manifiesta en determinados sectores de la Administración Pública.

Una vez más, observamos a un legislador que acude al derecho punitivo para tratar de calmar o contener las coyunturas o problemáticas inmediatas, pero sin observar el sistema normativo penal y menos profundizar en las causas de la violencia. Siempre calmantes inmediatos, nunca remedios a largo plazo.