Al filo de la estrategia legal de la fiscal, el documento que acumula procesalmente en una sola carpeta las dos investigaciones contra Castillo nos ha expuesto a la pregunta ¿Qué pasará a continuación? Los congresistas que hayan leído el artículo de ayer de este Diario, “Castillo con las horas contadas”, deben ser conscientes de que muy pronto recibirán una sólida acusación constitucional contra Pedro Castillo que lo imputará como líder de la organización criminal enquistada en varios ministerios, instituciones y empresas estatales, estando en el ejercicio sus funciones. De ahí que la cuestión de fondo es: si el Congreso ya lo sabe, ¿qué espera para hacer algo?
La defensa de Castillo se ha jactado de su inocencia por el uso del adjetivo “presunto”, un vocablo que se requiere en esta fase del proceso investigatorio, sin aminorar el sentido de su culpabilidad. Sin suprimir el “presunto” del documento, la imputación a Castillo es inexcusable en el Caso Puente Tarata III y el Caso Petroperú, y dice: “El modus operandi de la presunta organización criminal fue el mismo, puesto que se habría pretendido copar los referidos estamentos con funcionarios afines a sus intereses y de su entera confianza, para a través de ellos controlar y direccionar distintas licitaciones públicas a favor de los empresarios que servían a la referida organización”.
Los avances fiscales son incuestionables como para quedarse indiferente a esperar que el Congreso reciba la acusación formal. El filósofo alemán Hegel reflexionó sobre el examen de la conciencia y dijo que existe la “certeza sensible” en el saber de lo inmediato o de lo que está-siendo. Ahora, la fiscal ha dejado claro para nosotros la certeza sensible que Castillo, presidente aún ejercicio, es el líder de la organización criminal en el Estado. El Congreso sabe que entran muchas cosas en juego con las evidencias reveladas.
En vano está el congresista que se distancia de la idea de ser consistente y determinado con acciones inmediatez. La indagación de los posibles caminos, como la vacancia, destitución, suspensión y otros alternativos, fueron presentados por diversos especialistas. Adicionalmente, es posible subsanar las limitaciones que nos tienen sumergidos en el entrampamiento de los votos necesarios para la vacancia. Algunos constitucionalistas sugirieron corregir, mediante la reforma al reglamento del Congreso, la prohibición que contiene el artículo 117 de la Constitución que sólo permite acusar al Presidente por traición, interferencias electorales y parlamentarias durante su mandato.
Es el momento de que los congresistas actúen con conciencia frente a la certeza sensible de la culpabilidad de Castillo. Pregúntese, señor congresista, ¿Queremos dar señales claras de un cambio del rumbo a nuestros hermanos de América Latina? ¿Hasta cuándo soportar nuevas cortinas de humo para dejar al abandono la situación económica? ¿Hasta cuándo aguantar estar capturados por un Estado con delincuencia, robo probado y mentiras que agreden a todos los peruanos? ¿Seguiremos dejándonos condenar de “golpistas”, “hipócrita”, “pusilánime” a personas que defienden con egoísmo sus intereses? ¿Dejaremos silenciosamente que la regla impuesta sea el copamiento del Estado de una red criminal? ¿Acaso ser un congresista responsable no consiste en ir en contra del delito? ¿Hasta cuándo soportar los engaños de quienes impulsan la destrucción económica y pérdida de confianza en las inversiones?

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